The Fact About Extradición México Dinamarca That No One Is Suggesting
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El proceso penal en Dinamarca se inicia cuando se presenta una denuncia o cuando la policía detiene a alguien en flagrante delito. El acusado tiene derecho a un abogado desde el momento en que es detenido, y el abogado puede estar presente en todas las etapas del proceso.
El Código Penal danés establece una serie de delitos y las penas correspondientes en caso de ser condenado. Los delitos se dividen en dos categorías: delitos menores y delitos graves.
Las autoridades del Estado requerido detienen a la persona reclamada e inicia el procedimiento de extradición con una autoridad judicial. Durante esta etapa, el reclamado contará con una defensa adecuada que lo asistirá en el procedimiento de extradición, por lo que en ocasiones el proceso puede ser prolongado, y es muy importante la comunicación entre las autoridades mexicanas con las del Estado requerido para soportar la solicitud de extradición.
Es un instrumento de defensa de la sociedad internacional; un mecanismo reglamentado de cooperación penal que busca la salvaguardia social contra la impunidad del delito y el crimen, configurando un esquema socio&#a hundred and fifty;jurídico que proporciona eficacia y eficiencia a la justicia punitiva, impidiendo que un delincuente que se refugia en un país extranjero quede sin penalización por la infracción que cometió. Por medio de este instituto jurídico, un Estado denominado requirente solicita de un Estado denominado requerido, la entrega de un presunto delincuente o convicto que se encuentra en su territorio para juzgarlo o para sancionarlo. También es una institución de asistencia jurídica que se desarrolla esencialmente en el plano internacional; confirma la soberanía estatal en el orden penal; confronta las pretensiones de diferentes soberanías estatales y en virtud de ella, se hace forzoso el reconocimiento del derecho de un Estado en detrimento del derecho de los demás.
La magnitud genuine de la delincuencia internacional ha puesto de manifiesto la incapacidad del Estado para, por sí solo, hacer frente a un problema de car or truckácter world. La situación antes descrita ha sido la razón principal para que los Estados decidan ampliar y estrechar sus lazos de cooperación en materia penal.
Por lo que se continúa con esta etapa hasta que la resolución de CONDEDIDO o NEGADO se encuentre firme. Si la resolución es positiva se continúa con el procedimiento de extradición, en caso contrario, se concluye el mismo y se deja en libertad al reclamado.
Estamos convencidos —con el respeto que nos merecen todos los funcionarios de nuestra más alta jurisdicción— que el derecho internacional existe, se utiliza a diario, está en constante evolución y cada vez funciona mejor, demarcando su papel de contenedor principal del fenómeno político internacional y de las relaciones de poder nacional y mundial; pero es, en efecto, un sistema inacabado y en permanente perfeccionamiento, que refleja —como un espejo que no engaña— el estado true de avance de la propia sociedad internacional y sus carencias; es un sistema de realidades, de aciertos y deficiencias, no de buenos deseos ni de utopías.
El caso de Mansour generó controversia porque se sospechaba que había sido torturado por las autoridades marroquíes durante su detención y weblink que la extradición de Dinamarca había violado su derecho a un juicio justo. Mansour finalmente fue condenado a 10 años de prisión por cargos de terrorismo.
La obra in comento representa un buen esfuerzo de recopilación, acomodo y sumarización de los distintos ordenamientos legales e instrumentos que se utilizan en la actualidad para darle vida al procedimiento de extradición. Aunque no se trata de una obra analítica ni de estudio o discusión doctrinal sobre esta compleja institución jurídica de cooperación penal internacional, es un valioso auxiliar de referencia y consulta que cuenta con navigate here todos los tratados bilaterales vigentes suscritos hasta ahora por México, convenios y convenciones internacionales especializadas y relativas a los delitos y crímenes objeto del derecho internacional penal, y que cuenta, además, con una guía temática para facilitar la identificación de las disposiciones, así como con una basta selección de criterios jurisprudenciales emitidos por la SCJN y de los Tribunales Colegiados de Circuito, un glosario y bibliografía referente, pero insuficiente —hay que recalcarlo—sobre el tema de la extradición.
En Dinamarca, los acusados tienen una serie de derechos que están protegidos por la ley. Algunos de los derechos más importantes son:
La extradición en México puede ser negada en casos donde se considera que la persona solicitada podría ser víctima de tortura, pena de muerte o cualquier forma de trato cruel o inhumano en el país solicitante.
A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega casual y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.
El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artworkículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.
Además, aborda las figuras jurídicas del orden público y el fraude a la ley, ampliamente estudiadas por el DIPr, a fin de establecer, para el caso de la primera, los límites que tiene un Estado para obsequiar o denegar una solicitud de extradición, y para el caso de la segunda, la forma artificiosa en que los Estados o el propio reclamado pueden modificar los puntos Source de contacto o conexión aplicables al procedimiento de extradición, con el fin de obtener beneficios particulares que se traduzcan en el obsequio o rechazo de la petición de extradición.